Costa Rica tiene un período presidencial relativamente corto.  Eso es particularmente sensible en temas de infraestructura.  Cada Gobierno que inicia período tiene el reto de priorizar los proyectos que asume del gobierno o gobiernos anteriores, y normalmente tiene pocas posibilidades de iniciar procesos de planificación para proyectos futuros.  Esa es la principal razón por la cual, cuando un gobierno de turno detiene los proyectos que hereda, pasa que su labor a lo largo de cuatro años se vea muy limitada para desarrollarse.

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Actualmente, la humanidad enfrenta enormes retos económicos derivados del cambio climático, generando impactos sin precedentes que han ganado relevancia en los últimos 20 años. Deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, erosión costera y otros problemas similares se volverán más frecuentes, afectando significativamente a países como Costa Rica.

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Hace unos pocos meses, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), ha incluido en su programa de trabajo el proyecto: “Código costarricense para la adaptación al cambio climático global”, apoyado por recursos propios y otros otorgados por el Green Climate Found (Fondo Verde del Clima), y con la participación del Ministerio de Ambiente y Energía de nuestro país. Para lo anterior, se conformó una “Comisión Especial”, que está integrada por 10 miembros, a saber, 5 expertos en la materia y los 5 presidentes de cada uno de los colegios miembros del CFIA.

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El uso de la figura más común de las asociaciones público-privadas (APP), la concesión de obra pública, como una alternativa viable y ventajosa de la infraestructura vital para el desarrollo económico y social de Costa Rica, ha venido a menos en los últimos periodos gubernamentales. Dejando de lado los avances efectuados previamente, se tomó la decisión de no continuar con el proyecto de ampliación de la Ruta 27, en busca de alternativas no sustentadas contractualmente. De la misma manera, se ha desincentivado también otras iniciativas de concesión como Ciudad Gobierno, ampliación del corredor San José-Cartago, ampliación de la Ruta 23 (Caldera-El Roble) y las mejoras en 50 Colegios Técnicos para el MEP.

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Después de varios meses de polémica, finalmente se aprobó el proyecto del nuevo Hospital de Cartago por parte de la CCSS, superando diversos argumentos en contra de parte de algunos de sus funcionarios, entre los que se encontraban geotectónicos, hidrológicos, hidráulicos, y estructurales.

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La época húmeda del año 2024 ya se inició, y con ella regresan los problemas de las inundaciones urbanas. No es un problema nuevo. El país tiene ya más de 30 años de afrontar esta situación, sin que se vea una solución viable en el horizonte.

Las inundaciones urbanas se producen por tres factores los cuales, algunas veces se conjugan, para agravar aún más el problema que, recurrentemente, sufren algunas zonas urbanas del país.

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Desde hace ya más de un año, el Colegio de Ingenieros Civiles ha venido publicando, mes a mes, el “Pronunciamiento a la ciudadanía (PACI)” con el cual, este colegio, en cumplimiento de los fines que la ley le impone, colabora con la sociedad costarricense informando y dando opinión técnica, acerca de temas que responden a la realidad del país, en materias propias de la ingeniería civil.

Temas relacionados como la construcción de la nueva carretera a San Carlos, la ampliación de la ruta 32, los servicios de agua potable y aguas residuales, la accidentalidad vial, la problemática de los deslizamientos, la importancia de la seguridad estructural en edificaciones, entre otros, han sido analizados y expuestos a la opinión pública, por considerarse materias de interés para la sociedad costarricense.

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